
Cordialmente.
Luis Cabello Ortega
Con el lema “Dile NO! a quienes ejercen ilegalmente la profesión”, el Colegio de Arquitectos del Perú – CAP presenta a la comunidad el 27 de noviembre, la “Campaña contra el ejercicio ilegal de la profesión”, con el objetivo de proteger la imagen institucional, de los profesionales de la arquitectura y de la propia profesión, ante la práctica inescrupulosa e ilegal y el creciente incumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley.
El Decano del CAP, Arq. Javier Sota Nadal señala que esta Campaña - cuyo afiche y lema es el resultado de un concurso nacional - se realiza porque la institución ha constatado que vienen aumentando las denuncias ante el Poder Judicial contra “pseudo arquitectos” que ofrecen servicios sin ser colegiados, en perjuicio de ciudadanos que en calidad de clientes son víctimas de fraude, estafa e incumplimiento o deficiente práctica profesional.
También menciona que existen casos de profesionales que siendo arquitectos colegiados ejercen actividades inherentes a la arquitectura y/o urbanismo sin contar con la habilitación profesional por parte del CAP, “ por lo que resultan violatorios de lo que en ella se dispone y consiguientemente devienen en ejercicio ilegal de la Profesión”, precisa la Ley 28966.
El Art. 1 de la Ley 28966, que tiene 7 artículos y dos disposiciones complementarias, precisa: “Requisitos para ejercicio profesional. Todo profesional que ejerza labores de Arquitectura y de docencia en su profesión o en cualquier campo profesional de acuerdo a la Ley 16053, requiere poseer grado académico y título profesional de arquitecto otorgado conforme a Ley”
Art. 3: “Alcances para el ejercicio profesional. Queda establecido que deberán estar colegiados los profesionales arquitectos, incluidos los arquitectos extranjeros que se encuentren ejerciendo en forma dependiente o independiente o presten servicios temporales, en el sector público y privado, realizando alguna de las actividades señaladas en las áreas y subáreas del campo profesional del arquitecto, consignadas en el artículo anterior, debiendo además acreditar su habilitación profesional por el Colegio de Arquitectos del Perú.
PRENSA CAP
Fue al comentar las declaraciones de Fidel Ramírez Prado, rector de UAP quien en la víspera considero que “no es pecado” costear viajes y estadías en el extranjero a congresistas y magistrados del Poder Judicial.“Esto es más que eso, porque es la punta del iceberg que demuestra algo que todos los universitarios conocemos, la presencia muy difundida en redes de este tipo de empresa–universidad- negocio, organizada por decreto legislativo 882 y ahora sale su rector a decir que esto sólo es un escándalo y que es normal. (…) ¿Qué hacer? ¿Suprimir ese decreto 882? Imposible, por una razón muy sencilla, los que integran la Comisión de Educación - en una buena proporción – están vinculados a esta universidad”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
¿Quién puede cambiar esto? ¿El ministro de Educación? Si el ministro (Antonio) Chang es rector de una universidad del mismo tipo. ¿Qué hacer verdaderamente? Promover una ley universitaria ¿Quién la da? La misma comisión de Educación del Congreso ¿Qué esperanzas hay? Que las universidades se reformen a ellas mismas y que las universidades privadas de categoría tengan una presencia mayor, porque verdaderamente estamos ante redes más complejas que en el caso de los petroaudios”, agregó.
Tampoco el Poder Judicial
Comentó que el Caso alas Peruanas debe llevarnos a una mayor reflexión sobre lo que es la universidad peruana, pública o privada. Recordó que el tema de la proliferación de centros de estudios superiores como “empresa-negocio” surgió a partir del decreto 882 de 1996, emitido durante el gobierno de Alberto Fujimori.“Por este decreto se permite la inversión privada y la ganancia en educación, ya que no hay dinero del tesoro, se deja que el capital invierta y haga sus negocios, pero hay que distinguir entre la universidad privada como la Católica y la universidad Alas Peruanas, hay una enorme diferencia”, remarcó.
“Haber mercantilizado la educación, para que haya dentro de esa mercantilización, eso es pasible de ser sometido a pena por el Poder Judicial, pero qué Poder Judicial puede hacerlo. Es una situación bastante delicada en el país”, apuntó.Se debe separar a congresistas vinculados a “universidad-negocio”Burga Díaz consideró, en ese sentido, que sería “mucho pedir” al ministro Antonio Chang un pronunciamiento claro en torno al caso Alas Peruanas. Recomendó a la Comisión de Educación que separe a aquellos legisladores que están relacionados con lo que el denomina “universidad-empresa-negocio”.
“Creo que es mucho pedir, quizás se pueda esperar algo de la comisión de Educación, que pueda invitar a salir de la comisión de Educación a quienes tienen compromisos, vinculaciones con universidades de este tipo. Pero, ¿qué tiempo tienen? Si lo otro tiene que haber con el espionaje, con los asuntos comerciales, esto tiene que ver con la formación de la ciudadanía y esto es un retraso”, señaló.
San Martín, San Ignacio y César Vallejo
Cuestionó, igualmente, que la “universidad-empresa-negocio” tenga relaciones con políticos prominentes, al referirse al caso de la Universidad San Martín, Universidad César Vallejo o la Universidad San Ignacio de Loyola.“Hay políticos prominentes que están vinculados a este tipo de universidad, nuestro presidente de la República a través de Antonio Chang, (…) la Universidad San Ignacio de Loyola, a través de su dueño, la Universidad César Vallejo, a través de César Acuña. Es incontable los nombres que tenemos y el lobby que tiene la 'universidad-negocio' que es una desnaturalización de la universidad”, aseveró.
“Que no justifiquen eso, que es el mercado para aquellos (estudiantes) que no pueden ingresar a una pública, no es cierto, lo bueno es una inversión ordenada en educación pública en el país, es el Estado que tiene 30 universidades públicas funcionando, lo otro es ese tipo de gangrena que ha proliferado”, anotó.Chang y la gestión en educación como ganancia.
El ex rector de la Universidad San Marcos criticó al Poder Ejecutivo, por mantener a un ministro como Antonio Chang, tras considerar que esa actitud no le parece inteligente, ni propio de una gestión pública adecuada. Dijo que esto significa tener a un “especialista en la gestión de educación como ganancia, como gestor de la educación como servicio público”.
“Hay asociaciones invisibles, que son imposibles de cambiar, que son proyectos de vida, proyectos comerciales (en la universidad). Pero tomar a la educación como un proyecto comercial y poner a un ministro especialista en la gestión de la educación como ganancia, como gestor de la educación como servicio público, no me parece inteligente”, sostuvo.“(...) Lo que perciben muchos funcionarios que van a trabajar allí (a la Universidad San Martín) por horas, es que es un negocio personal para compensar sus actividades profesionales o docentes. Eso, tiene que haber un sistema de regulación, pero el SINEASE, también está bajo el control del ministerio y bajo control partidario del Apra”, anotó.
Declarar en emergencia universidad pública
Finalmente, planteó que la Comisión de Educación del Congreso se reúna constantemente para declarar en emergencia la universidad pública, pues estamos en una situación sin salida.
“¿Qué podemos esperar? Yo creo que debería declararse en emergencia la universidad pública, en general, debería haber sesiones permanentes de la Comisión de Educación, que está en manos del Partido Nacionalista y que está capturada por cinco o seis congresistas vinculadas a universidades privadas”, opinó.
“Estamos en una situación sin salida y muy graves, esta tendencia a la mercantilización oficial de la universidad desde el Estado, puede ser muy nociva para el país, en el corto y mediano plazo”, concluyó.
Fuente: Ideeleradio
Se convoca a los docentes integrantes y adherentes de la -LISTA N° 3- a una reunión el próximo miércoles 5 de agosto en el Colegio de Ingenieros sede Departamental de Lima, ubicado en la calle Marconi en San Isidro, a partir de las 7:00 p.m en la sala B-106
Personera General: Doris Rojas Mendoza - FIIS
PROFESORES CATEGORÍA PRINCIPAL
1. Oswaldo Nuñez Carvallo - FAUA
2. Pedro Canales García - FC
3. Jorge Butler Blacker - FIEE
4. Guillermo Quezada Reyes - FIC
5. Julia Salinas García - FIQT
6. Edwilde Yoplac Castromonte - FIGMM
7. Jorge Ruiz Botto - FIA
8. Manuel Villavicencio Chavez - FIM
9. Virginia Quispe Ascencio - FIP
10. Luis Huaman Ureta - FIIS
11. Susana Petrick Casagrande - FC
12. Mario Garayar Avalos - FIQT
13. Frans Peralta Alferez - FIEE
14. Jimmy Rosales Huamani - FIGMM
PROFESORES CATEGORÍA ASOCIADO
1. Jorge Ramos Carrion - FIEE
2. Barbara Montoro Negrón - FAUA
3. César Cabrera Chavez - FIA
4. Carlos De Souza Ferreyra Llaque - FIGMM
5. Edgar Norabuena - FIQT
6. Victor Pretell Huaman - FIP
7. Teresa Nuñez Zuñiga - FIEE
8. Carlos Arambulo Ostos - FIIS
PROFESORES CATEGORÍA AUXILIAR
1. Rafael Cachay Huaman - FIC
2. Jose Machuca Mines - FIEE
3. Leopoldo Paredes Soria - FC
4. Teresa Arias Avila - FAUA
5. Elbert Perez Diaz - FIGMM
6. Alex Pilco Nuñez - FIQT
Autor: Modesto Montoya
Publicado en el diario El Comercio, 31 de julio 2009
Este 28 de julio, el prestigioso ingeniero peruano Jorge Seminario, quien investiga en Estados Unidos, me respondió lo siguiente ante una comunicación que le envié solicitada por un magíster en Ciencias recién graduado que desea trabajar con él: “Cuando se recibe una recomendación así, una pregunta que brota es: ¿Por qué esta persona no está trabajando en un instituto de investigación científica y tecnológica del Perú?”.
La respuesta está en el discurso presidencial por Fiestas Patrias, en el que no hubo mención alguna a las políticas en ciencia y tecnología.
En una reciente entrevista, la doctora Fabiola León-Velarde, haciendo referencia al poco financiamiento que el Perú dedica a la ciencia y tecnología, dijo: “Como mencionó el presidente Barack Obama, en su último discurso a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos de Norteamérica, parece ser que existen dos grupos de países, los que crean y los que usan lo que los primeros crean. Parece que nuestro país se empeña en ser de los segundos, a pesar de ser una nación tan creativa”.
Uno de los parámetros de riqueza de un país es el producto bruto interno (PBI), que también se relaciona con el número de patentes otorgadas a sus residentes (NPOR). De los siete países que sobresalen nítidamente en NPOR (Japón, Estados Unidos, República de Corea, China, Federación Rusa, Alemania y Francia), cinco son los que tienen los más altos PBI: Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Francia.
Entre esos países, Estados Unidos está perdiendo liderazgo en inventiva. A principios de la década de los años 50, su NPOR era aproximadamente 20.000; y a fines de los años 60, empujado por el estímulo que significó el ambicioso proyecto de poner un hombre en la Luna, se triplicó. Sin embargo, a fines de la década del 70, el NPOR decayó a 40.000, coincidiendo con el abandono de los grandes proyectos científicos.
En los 80, Estados Unidos reaccionó con programas de incentivo a la creatividad, bajo la bandera de la llamada “guerra de las galaxias”, y logró que el número de patentes creciera. Luego, a partir del año 2000 y debido a que China e India empezaron a repatriar a sus científicos e ingenieros, el NPOR estadounidense se estancó. Lo que siguió fue la crisis financiera.
La inventiva industrial está en los cerebros de científicos e ingenieros. El presidente Barack Obama lo ha comprendido y por ello ha reconocido que su país tiene un déficit de 300.000 ingenieros y científicos, lo que le impide recuperar su liderazgo tecnológico. De allí su anuncio de atraer talentos del mundo. La competencia está declarada.
La Red Internacional de Ciencia y Tecnología del Perú (InterCyT) está empeñada en jugar su papel en esa competencia. Convencida de que el discurso oficial será lejano a los retos de estos tiempos, una de las acciones tomadas ha sido establecer el premio Embajador Científico Tecnológico del Perú, otorgado cada año a un investigador que destaque en el extranjero.
Este año el premiado ha sido Fernando Ponce, un físico, egresado de la UNI, quien trabaja en la Universidad Estatal de Arizona produciendo materiales semiconductores para aplicaciones de iluminación y de sensores.
Desde los años 60, Ponce trabajó en el Silicon Valley, en la Universidad de Stanford, y en los laboratorios de Hewlett-Packard y Xerox. Tiene contribuciones en materiales fotovoltaicos, optoelectrónica y microscopios electrónicos. Ponce es coautor de 200 publicaciones y 8 patentes. Ahora busca cómo producir materiales que iluminen con mínimo consume energético.
Uno de los propósitos de este premio es lograr que los gobiernos comprendan el valor del conocimiento científico y tecnológico y establezcan una estrategia de repatriación de los talentos peruanos, o un programa de utilización de su potencial en proyectos nacionales de desarrollo científico tecnológico. Cuando en 28 de julio escuchemos en el Congreso de la República algo al respecto sabremos que el Perú tiene un nuevo y auspicioso tipo de liderazgo.
Estas tendencias se debatieron en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación Superior celebrada en 1998, pero durante el último decenio se intensificaron, creando nuevas oportunidades y nuevos desafíos para los participantes en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior 2009, que tuvo lugar del 6 al 8 de julio en la Sede de la UNESCO, en París. Las preguntas son a menudo complejas y las respuestas controvertidas. Cuando los sistemas públicos se ven desbordados por la cantidad de inscripciones, ¿cómo encontrar fondos para responder a tal demanda de estudiantes, para mantener o mejorar los estándares educativos?
¿La educación superior debe considerarse un bien común, esencial para el desarrollo económico y financiado por el erario público? ¿O es un bien privado que ayuda al progreso individual, y que sólo puede dar resultados si los estudiantes pagan? ¿El acceso a los estudios superiores puede depender de la riqueza más que del mérito? El paso hacia la economía postindustrial condujo a una demanda masiva de enseñanza superior. Las inscripciones progresan a una velocidad vertiginosa. En 2007 había 152,5 millones de universitarios, es decir, globalmente 50% más que en 2000.
Hace solamente medio siglo, en la mayoría de los países los estudios postsecundarios estaban reservados a una pequeña élite, principalmente masculina. Pero hoy, índices de 40 a 50% de jóvenes estudiantes se consideran vitales para el crecimiento económico. En el plano mundial, el porcentaje de jóvenes en edad de ir a la universidad, inscritos en la enseñanza superior aumentó de un 19% en 2000 a un 26% en el año 2007. Las mujeres representan, actualmente, la mayoría de los estudiantes y se prevé que su predominio aumente.
Este promedio oculta sin embargo algunas discordancias regionales: 71% de los jóvenes en edad universitaria de América del Norte y Europa Occidental son estudiantes, 26% de los de la región de Asia Oriental y el Pacífico, 23% de los de los países árabes, 11% de los de Asia del Sur y del Oeste, y, a pesar de una alza rápida, solamente 6% de los de África. Un niño del África Subsahariana tiene menos posibilidades de finalizar la primaria que un europeo de entrar en la universidad.
Dentro de un mismo país, algunos grupos de población no tienen las mismas oportunidades de acceso que otros a la educación superior. Las personas con ingresos bajos o las que viven en lugares alejados, las minorías étnicas, los inmigrantes y los minusválidos están menos representados en la educación superior. Algunos responsables de la educación introdujeron medidas para mejorar esta situación, tales como préstamos estudiantiles, becas para los estudiantes con bajos ingresos, programas culturalmente enfocados y cuotas reservadas para miembros de las minorías o de castas inferiores a la población desfavorecida.
La enseñanza superior es cada vez más vista como un motor de desarrollo económico. Pero con la expansión del número de estudiantes, los ingresos fiscales de los Estados no consiguen estar a la altura de los costes crecientes de los sistemas públicos. Y el resultado frecuente es una falta de medios importante: aulas y salas de conferencias repletas, fondos de bibliotecas que no están al día, financiamientos para la investigación en decadencia y deterioro de las infraestructuras. El problema, que ya es muy perjudicial para el África Subsahariana, se siente también en todos los países en desarrollo y en transición.
Las universidades públicas, en otros tiempos fuertemente dependientes del financiamiento estatal, se ven obligadas a compensar por sí mismas una parte cada vez más importante de sus costos. Para lograrlo, en numerosos países donde la enseñanza era gratuita o casi gratuita, se incorporaron gastos de escolaridad, como por ejemplo en China, en 1997. Europa conoce el mismo proceso, a pesar de haber sido por mucho tiempo el bastión de la educación superior gratuita (en el Reino Unido comenzó a pagarse en 1998, y en Austria en 2001). Además, varios países africanos aumentaron de manera sustancial los costes de alojamiento, comida y otros servicios que corren a cargo del estudiante. Los centros educativos desarrollan cada vez más políticas empresariales.
Realizan investigaciones pagadas para empresas o administraciones y desarrollan formaciones que se pagan para responder a las necesidades de las empresas locales. A veces es preocupante. Al poner tanto empeño en recaudar fondos, pueden socavarse las actividades universitarias tradicionales. Los programas y la investigación en ciencias humanas, por ejemplo, no tienen aplicaciones comerciales. Los grupos de teatro, periódicos, radios y televisiones no comerciales de los campus por lo general no producen ningún ingreso. Pero tales actividades hacen de las universidades centros de la vida intelectual. Los poderes públicos reemplazan cada vez más los financiamientos presupuestarios clásicos de la investigación por financiamientos sometidos a la competición. Todos estos desarrollos refuerzan la competencia y crean diferencias entre universidades. Muchas de ellas prestan mucha atención a su rango en las clasificaciones internacionales. El impacto es particularmente evidente en los sistemas públicos o hasta donde recientemente las universidades supuestamente eran más o menos equivalentes.
Ciertos establecimientos y ciertos sistemas nacionales introducen más programas técnicos y profesionales en su propuesta de enseñanza. Es una pregunta crucial en las economías en desarrollo que a la vez necesitan de diplomas en las disciplinas técnicas pero también de profesionales y de cuadros dotados de una cultura general, de un espíritu y de un pensamiento crítico. Por otro lado, se vuelve urgente la necesidad de investigación centrada en las necesidades locales de desarrollo.