Por Jorge Alberto Calles Santillana *
Uno de los más serios problemas que aquejan a México es la educación en todos sus niveles. La cantidad y magnitud de sus deficiencias es tal que ya no resulta utópico sino descabellado pensar que algún día podrá haber soluciones para ellas. Pero el panorama crítico por el que atraviesa ahora el país y que habrá de complicarse el año próximo, debido al freno en que se convertirá el presupuesto, enturbia más aún la realidad educativa. Reconocida por todos los expertos como factor importante del desarrollo económico, político, social y cultural, la educación en México, por la pobre realidad que hoy la caracteriza y por la todavía más desafortunada que ahora se construye para su futuro, no es ni será, en muchísimo tiempo, motor de progreso.
El sábado pasado, el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió a diputados federales priístas que el recorte presupuestal que la administración del presidente Calderón propuso para la educación superior es un error histórico porque afectará aún más a la educación, la ciencia y la tecnología, las que, dijo, "se encuentran en picada". El rector Narro se reunió en San Lázaro con Francisco Rojas, coordinador de la bancada priísta, con José Trinidad Padilla López y Luis Videgaray, presidentes de las comisiones de Educación Pública y de Presupuesto, respectivamente, además de otros legisladores de la primera fuerza opositor. El encuentro forma parte de los esfuerzos que varios rectores de universidades públicas del país llevan a cabo para sensibilizar a los miembros del poder legislativo sobre las funestas consecuencias que tendrá el recorte presupuestal del 6.2% planeado por el gobierno federal para la educación superior.
El doctor Narro dijo a los legisladores una verdad cuyo valor es evidente para expertos y legos excepto, por supuesto, para los tecnócratas y burócratas de Hacienda para quienes no hay más verdades que las de la velocidad de sus lápices y el encierro de sus cada vez más pequeños cubículos: en un escenario de crisis como el que vive México, la educación superior, la ciencia y la tecnología deben ser elementos clave para elevar la productividad y el crecimiento económico. ¿Por qué es tan difícil entender esto? El recorte presupuestal vendrá a profundizar los grandes rezagos que ya acusa la educación universitaria mexicana. El mismo doctor Narro citó, entre los múltiples ejemplos que dio para ofrecer una imagen nítida de la pobreza educativa del país, que México es el país que menos invierte en ciencia y tecnología de entre los 31 países que son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Mientras que países como Suecia y Finlandia invierten 3.67% y 3.47% del PIB, México participa en el rubro con un ridículo 0.46%, es decir, nada.
Una de las consecuencias de este raquítico interés público por la ciencia y la tecnología es el número de científicos que existe en nuestro país. He aquí algunas cifras, apabullantes, descorazonadoras: en México hay 268 científicos por cada millón de habitantes. Brasil y Chile, países latinoamericanos, tienen el doble. No obstante, esas cifras también son pobres frente a las que registran países del primer mundo: en Japón, por cada millón de habitantes hay nada menos que ¡5 mil 287 investigadores! Estados Unidos tiene cifras más o menos similares: 4 mil 605. Países con bajos niveles de desarrollo científico y tecnológico incrementan sus grados de dependencia del exterior y su capacidad de desarrollo es extremadamente sensible a su capacidad para adquirir tecnología. Estos números no requieren sesudas explicaciones; hablan por sí mismos.
México tiene previsto incrementar su inversión en esta materia al 1% del PIB para 2012. Sin embargo, señaló Narro, ante la nueva realidad y como resultado de estos recortes, ese objetivo no podrá ser alcanzado en realidad sino hasta en unos 33 años. Hacer lo mismo en educación superior tomará 40 años.
Así como Narro, los rectores de las universidades públicas del país están preocupados por la caída severa que los ingresos de sus instituciones sufrirán el próximo año. En casi todas las entidades, los dirigentes de las universidades se han reunido con los grupos de legisladores federales para hacerles entender que la aprobación de la reducción presupuestaria tendrá efectos negativos no sólo en la educación sino también en la gobernabilidad del país. Algunas instituciones, como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya han advertido que tendrán que recurrir a préstamos multimillonarios para poder cubrir sus nóminas.
La educación no sólo no debería verse afectada con reducciones presupuestarias sino que, todo lo contrario, debería ser objeto de cada vez mayores inversiones. ¿Por qué en México la educación no es importante? ¿Por qué se decide sobre las rodillas y con una facilidad pasmosa recortarle recursos y obligar a las instituciones públicas a hacer cada vez más con menos? En buena parte, porque la mayoría de nuestros políticos no tiene visión de Estado. La mayoría de ellos está obsesionada con el poder y sus intereses y preocupaciones giran en torno a las esferas económica y política. La educación, la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte, el deporte son consideradas actividades marginales, actividades propias de grupos minoritarios con intereses muy focalizados y a los que, se presume, se puede agradar con sólo voltear a verlos, proveerles reconocimientos discursivos y concediéndoles algo, muy poco. Ninguna de estas actividades es considerada por nuestros políticos como lo que realmente son: pilares y motores del crecimiento humano y social.
Otra razón, ligada a la anterior, es que la planeación gubernamental a todos los niveles se realiza de la misma manera en la que se efectúan los ajustes y los recortes: es efectuada por funcionarios menores, en pequeñas oficinas frías y burocráticas, sin más recursos que calculadoras, lápices y café de mala calidad, alejados años luz de la realidad que creen entender de maravilla porque las fórmulas que emplean arrojan resultados inmediatos que no suscitan ninguna reacción salvo las de aprobación de los jefes inmediatos quienes, a su vez, están ávidos de subir "su" trabajo a instancias superiores para recibir, también, aprobación. En estos procesos hay un par de variables que son determinantes: las órdenes de los jefes y los prejuicios que los operadores tienen sobre los sectores, las instituciones o los grupos sobre quienes planean.
Es muy posible que esos prejuicios hayan contribuido de manera significativa a que el porcentaje de los recortes a las universidades haya sido tan alto. ¿Qué presencia importante tiene la universidad pública en la realidad nacional? Escasa, en verdad. Más allá del reconocimiento nacional e internacional del que goza la UNAM, el que por cierto sufre un deterioro visible pues su caída en el ranking mundial es vertiginosa, son pocas las universidades públicas que tengan buena reputación y, además, que ésta tenga bases sólidas y no sólo propagandísticas. De allí que no resulte difícil quitarle presupuesto en una oficinita cualquiera a esas instituciones que dan la impresión de sólo consumir grandes cantidades de recursos y producir poco, a cambio. Esta realidad genera percepciones llanas de prejuicio. La universidad pública tiene escaso valor, se piensa, por lo que invertir en ellas significa derrochar. Suena lógico.
Por si fuera poco, hay una realidad que contribuye a solidificar prejuicios: porque son autónomas, las universidades no están obligadas a rendir cuentas del manejo de los recursos asignados. En un país corrupto como México a nadie sorprende que las rectorías de las universidades resulten ser cargos codiciados. Pero, además, en un país como México en el que las rectorías son cargos políticos que no académicos, las posiciones se vuelven más codiciadas no sólo por el acceso libre a recursos abundantes sino porque ofrecen oportunidades de alcanzar otras posiciones que ofrecen mejores alicientes.
Quizá ésta sea una oportunidad única en la historia de la educación pública de México. Quizá ahora se pueda conseguir que los políticos entiendan la naturaleza y la importancia de la educación y accedan a tomarla en serio y asignarle los recursos que requiere y reclama. Pero también estén en condiciones de meterla en cintura. A cambio de mayores asignaciones, los diputados deberían hacer entender que la autonomía es eso, autonomía, no impunidad. Las instituciones deben ser autónomas para definir su rumbo y gobernarse pero no para manejar los recursos públicos, que a final de cuentas son de todo el pueblo. A cambio de recurso, el poder legislativo debería normar el manejo de los recursos otorgados a las universidades y exigir transparencia absoluta. Pero, además, crear patronatos verdaderamente universitarios en cada una de ellas con una doble misión: garantizar la no intromisión de la política a las instituciones eligiendo autoridades verdaderamente académicas y evaluando estrictamente a todos sus miembros y procurar fondos complementarios a los proporcionados por el estado.
De ser así, las peticiones de los rectores dejarían de ser interpretadas desde marcos de prejuicio.
Es difícil, sino imposible, que esto ocurra.
*Profesor e Investigador del programa de Sociología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel I.
jocasa56@gmail.com
Pues, me gusta tu perfil...
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